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Los partidos de la izquierda comarcal, unidos contra el cierre de las urgencias nocturnas

24 de julio de 2012 - 00:00

Cuatro representantes de diferentes partidos de izquierda de La Marina Alta emitieron y expresaron, ayer, un comunicado conjunto en contra del cierre de las urgencias nocturnas en varias localidades de la comarca. Saül Ortolà (Esquerra Republicana del País Valencià), Jordi Serra (PSPV-PSOE), Lluís Torró (Esquerra Unida), Sergi Ferrús (BLOC-Compromís) y Xavi Pons (Plataforma en defensa de la Sanitat Pública); se unieron en una sola voz para poner de manifiesto las irregularidades legales que se van a cometer con la decisión de la empresa Marina Salud de clausurar los Puntos de Atención Continuada de algunos municipios.

En el escrito las diversas fuerzas políticas expusieron que, según la Ley General de Sanidad, la atención urgente de la atención primaria no es una función propia de los hospitales y que los habitantes de una zona básica no deben acudir a éstos para problemas que no presenten mayor complejidad. Además, añadieron, se vulnera un derecho establecido mediante la LEY 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. En esta ley se establece el derecho a la atención primaria a domicilio y los representantes de izquierdas creen que, al pasar los médicos del Centro de Salud al Hospital de Dénia, no se va a realizar la atención de urgencia domiciliaria que se realizaba por parte de los profesionales del Centro de Salud, por otra parte, sin recibir ninguna cantidad por concepto de kilometraje.

Por otra parte, expresaron la ilegalidad que supone la falta de comunicación entre la empresa y los alcaldes de los municipios afectados que, aseguran, se enteraron del cierre de los PAC´s por la prensa. Para todos ellos, Marina Salud ha negado el ejercicio de sus potestades y ha impedido cualquier margen de maniobra que pudiera existir por ley. La ley sanitaria vigente establece sobre este tema que los ayuntamientos deben participar en los órganos de dirección de las áreas de salud, así como, el deber de verificar la adecuación de las actuaciones en el área de salud a las normas y directrices de la política sanitaria y económica.

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