Ante la decisión del Tribunal Supremo de anular el Régimen Urbanístico Transitorio vigente en Dénia, la Generalitat Valenciana ha puesto en manos de los servicios jurídicos la situación para que se analice y se pueda dar de manera urgente una respuesta jurídicamente viable que permita dar seguridad jurídica y urbanística al Ayuntamiento en su gestión diaria.
En un comunicado emitido desde la Generalitat, han querido expresar su preocupación "por la inseguridad jurídica que marcó la manera de actuar del anterior gobierno valenciano del PP, ya que, este caso es uno más de innumerables sentencias de los Tribunales anulando planes urbanísticos al no respetar el trámite de información pública".
Desde el Consell recuerdan que "el Régimen Urbanístico Transitorio de Dénia que ha anulado el Tribunal Supremo se aprobó en 2013 a propuesta de la anterior consellera Isabel Bonig y a instancias del anterior gobierno municipal del PP".
Asimismo, lamentan que "la decisión del anterior gobierno autonómico del PP de no someter a información pública los planes urbanísticos, en contra del criterio sentado por los Tribunales, tiene graves consecuencias y supone en estos momentos un problema para el municipio porque vuelve a la situación anterior con un plan que nada tiene que ver con la realidad actual de Dénia".
