Desde que entrara en vigor, tres meses atrás, la nueva ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana, el sector de alquiler de viviendas turísticas ha acusado un descenso notable en la inscripción de nuevas viviendas turísticas en el registro.
Desde la asociación de empresas de alquileres turísticos de la provincia de Alicante (AEA), su presidente, Mariano Espinosa, denunció en la reunión de junta directiva de CEDMA celebrada el jueves, que la nueva ley está causando graves perjuicios al sector cuando lo que pretendía era la regulación de la actividad.
Según explica la presidenta del CEDMA, Sonja Dietz, la ley se ha aprobado sin haberse consensuado previamente, ni informado posteriormente, a los consistorios de su decisivo papel en la inscripción de los inmuebles en el registro. Dietz ha explicado que, dado que no se ha marcado unos requisitos específicos, cada ayuntamiento ha de establecer los suyos propios y decide cuáles han de tener las viviendas que pueden ser destinadas al alojamiento turístico.
Según denuncian los empresarios, en estos momentos es imposible inscribir nuevas viviendas turísticas en el registro, sean empresas o particulares quienes deseen hacerlo. En este sentido, Mariano Espinosa ha adelantado que CEDMA y la AEA pretenden entrevistarse con Colomer y con representantes de los consistorios turísticos de la Marina Alta para trasladar la preocupación de las empresas de alojamientos turísticos y analizar la situación conjuntamente.
CEDMA considera que la Ley de Turismo supone un fuerte varapalo después de que el sector consiguiera un gran logro como ha sido el que se estableciera las condiciones para la legalización y total transparencia en los alquileres turísticos, con el registro de las viviendas y la fiscalización de la actividad.
La presidenta de los empresarios no lo ve claro, y augura que "vamos a regresar al pasado porque sin los certificados de compatibilidad no se puede registrar legalmente las viviendas, con lo cual, habrá quien se dedique de nuevo a alquilar fuera de la legalidad. Esto supondrá un descontrol del mercado y conllevará no solo el hundimiento de las empresas del sector, sino también perjuicios fiscales al conjunto de la sociedad. Y, de seguir así, el modelo turístico, principal sustento económico de las localidades costeras, se acabará".
