El ayuntamiento de Dénia aprobó de manera definitiva, con el apoyo de Centre Unificat y Partido Popular, los presupuestos municipales de 2014, que ascienden a 46.319.306,14 euros y que suponen un 1,83% con respecto al año pasado.
Tras su publicación se presentaron tres alegaciones por parte del PSOE, el sindicato y una empresa particular, todas ellas desestimadas por diversas razones.
El pleno también aprobó la modificación de las condiciones financieras de los préstamos que actualmente tiene en activo el consistorio para que los ayuntamiento puedan hacer frente a la deuda comercial en momentos de crisis.
Según la legislación actual, y con el objetivo de disminuir la morosidad y entrar en parámetros normales, los ayuntamientos están obligados a tener unas carencias en las amortizaciones de los préstamos solicitados, por lo que Dénia está obligada a destinar cada año 700.000 euros íntegramente al pago de la deuda comercial.
Según explicó el concejal de hacienda, Vicente Chelet, “la ciudad necesita una serie de inversiones públicas, pero para ello tenemos que cumplir una serie de parámetros” que se cumplirán con esta modificación. Este punto contó con el apoyo, no sin reticencias de todos los partidos excepto el Bloc, que prefirió absternerse.
El último punto del orden del día trataba sobre la ejecución de la tubería de la Plana por sentencia judicial.
Esta sentencia obliga al ayuntamiento a acarrear con los 650.000 euros de coste del traslado de una tubería de 850 metros que en 2007 se instaló en la zona de la Plana d’Elies atravesando varias propiedades sin la autorización de sus propietarios.
La concejala de urbanismo, Pepa Font, explicó que ratificaban un acuerdo del consejo de aguas en el que se acataba la orden del juzgado de hacer el traslado de la tuberia, y que querían incorporar al expediente una petición de los demandantes de la paralización de la ejecución para poder llegar a un acuerdo con ellos en el tiempo de ejecución de la sentencia.
Tras este acuerdo, y si finalmente los tribunales acceden, Dénia tendrá un plazo de hasta tres años para acatar el fallo o alcanzar un convenio con los propietarios.
