La Asociación de Promotores Turísticos de Dénia y Comarca (APTD) ha respondido públicamente a las declaraciones realizadas por el alcalde de Dénia y la concejala de Urbanismo, quienes aseguraron recientemente que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) «le ha parado los pies a la Conselleria» en relación con acuerdos alcanzados con promotoras para incrementar la edificabilidad en el nuevo Plan General Estructural del municipio.
Desde la asociación, presidida por Carlos Pesquera, consideran que la resolución del TSJ desestimando la propuesta de acuerdo de la Generalitat en procedimientos judiciales iniciados por propietarios de suelo era esperada y coherente, ya que la competencia sobre la ordenación urbanística corresponde exclusivamente al ámbito municipal.
Advertencia sobre posibles consecuencias económicas
La APTD cuestiona el tono en que el equipo de gobierno ha presentado la resolución judicial, que interpreta como una victoria política frente a promotoras, a las que consideran estigmatizadas por el discurso municipal. También lamentan lo que califican como una exposición sesgada de los hechos, enmarcados en procedimientos judiciales aún abiertos.
Según explican, los acuerdos entre la Conselleria y propietarios de suelo que han recurrido el planeamiento pretendían evitar responsabilidades patrimoniales, lo que, a juicio de la asociación, representaría una forma de proteger a la ciudadanía de Dénia. Aseguran que la decisión del Ayuntamiento de exonerar a la administración autonómica del pago de posibles indemnizaciones podría suponer que estas cargas económicas recaigan íntegramente en los vecinos del municipio. Estiman que el impacto económico de estas indemnizaciones podría alcanzar cientos de millones de euros.
Críticas al contenido del Plan General
La APTD también manifiesta dudas sobre la legalidad del Plan General Estructural, que, según afirman, modifica parámetros urbanísticos como la edificabilidad, a pesar de tratarse de una ordenación estructural. Critican que se hayan alterado dichos parámetros, lo que habría causado agravios entre propietarios.
Ante esta situación, la asociación ha interpuesto acciones judiciales contra el Ayuntamiento de Dénia y la Generalitat, y ha presentado recientemente una queja ante el Síndic de Greuges.
