Las dudas sobre cómo se han gestionado varias contrataciones públicas acaban de encender las alarmas en el Ajuntament de Dénia. La sombra de un posible conflicto de intereses en varios procesos selectivos, aireada tras una denuncia sindical, ha llevado a la oposición a mover ficha para exigir explicaciones inmediatas antes de que el asunto quede en vía muerta.
Todo parte del escrito presentado por un delegado de UGT en el consistorio. En él se advierten irregularidades que afectan de lleno a la composición de los tribunales evaluadores, los criterios aplicados en las correcciones e incluso la posible vulneración de las causas legales de abstención por parte de algunos miembros. Un escenario que, según sostienen desde las filas populares, quiebra la debida transparencia municipal y despierta sospechas razonables sobre el uso de los recursos públicos.
Luz y taquígrafos sobre tres puestos clave
Ante esta situación, la portavoz del Partido Popular, Pepa Font, ha registrado una moción para debatir en el próximo pleno ordinario la creación inmediata de una comisión especial de investigación. El objetivo: revisar cada expediente y determinar si existen responsabilidades políticas en unas pruebas que debían regirse por los principios de mérito y capacidad.
La fiscalización que se reclama no apunta a la gestión general, sino a tres procedimientos muy concretos con nombres y apellidos técnicos. Se trata del proceso de movilidad interadministrativa para cubrir una plaza de arquitecto técnico, la selección de un Ingeniero Técnico de Obras Públicas vinculada a la OEP de 2023 y el procedimiento de mejora de empleo para un puesto de Ingeniero de Caminos en el área de Medio Ambiente.
La propuesta plantea que este órgano colegiado cuente con representación proporcional de todas las fuerzas políticas del pleno, garantizando que el análisis de la documentación sea exhaustivo y sin filtros. No quieren que el debate se dilate en el tiempo.
Para evitar que el proceso caiga en el olvido, la moción fija un plazo máximo de 30 días desde su hipotética aprobación para celebrar sesiones de trabajo, tomar declaración a las partes implicadas mediante comparecencias y emitir un dictamen final con las conclusiones pertinentes y las medidas correctoras que deban aplicarse.
