Pagar cerca de 1.100 euros cada mes por un piso corriente se ha vuelto una misión casi imposible para muchas familias en Dénia. La paciencia en el consistorio se ha agotado. Tras dos años esperando un gesto autonómico que nunca llega, el pleno municipal ha aprobado volver a pedir a la Generalitat que declare la ciudad zona de mercado residencial tensionado. Esta vez hay un ultimátum claro: si en València continúan ignorando la petición, el Ayuntamiento recurrirá a los tribunales.
La concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll, puso cifras al descalabro sobre la mesa. En apenas dos ejercicios, el alquiler medio de una vivienda de 90 metros cuadrados ha pasado de 972 euros a rozar los 1.100. Son más de 120 euros de diferencia al mes que asfixian el bolsillo de los vecinos, empujados por una escalada de precios que ya supera el 13% en el municipio. Con la declaración sobre la mesa, Dénia podría congelar las rentas, autorizar prórrogas extraordinarias en los contratos y fijar un recargo en el IBI para las más de 5.000 viviendas turísticas registradas en el término municipal.
La oposición votó en bloque contra la iniciativa. Sus portavoces defendieron que intervenir las rentas solo conseguirá vaciar la oferta del mercado de larga estancia, señalando precedentes en otras grandes ciudades. Sostienen que el auténtico nudo del problema está en la falta de seguridad jurídica de los propietarios. Por ello, reclamaron rebajas fiscales en la construcción, mayor agilidad en el suelo y afearon al ejecutivo local que no haya cedido parcelas municipales al Plan Vive impulsado por el Consell.
La vía contenciosa si persiste el silencio
El alcalde, Rafa Carrió, zanjó el debate con contundencia. Recordó que el municipio ya ha agotado muchas de las vías a su alcance: se frenaron nuevas licencias turísticas en el casco urbano, se redactó una ordenanza específica y se han activado ayudas para rehabilitar casas vacías y destinarlas a residencia habitual. Para el primer edil, levantar promociones públicas a futuro no puede ser una excusa para cruzarse de brazos ante las subidas que se pagan hoy.
Carrió insistió en que poner coto a los precios responde a tres objetivos muy concretos: «frenar subidas abusivas, dar estabilidad a las familias y evitar que la gente tenga que marcharse de Dénia». Por eso, el consistorio completará el expediente técnico con los datos actualizados del mercado local y, si el Consell insiste en dar la callada por respuesta, recurrirán a la vía contencioso-administrativa para forzar una resolución. La moción prosperó por mayoría con los votos a favor del equipo de gobierno.
