El Partido Popular de Dénia ha anunciado la presentación de una moción para su debate en el próximo pleno municipal con la que pide al Gobierno de España que actúe «de inmediato» para frenar la aplicación de nuevas obligaciones regulatorias que afectan al sector pesquero. Según el PP, se trata de medidas que han entrado en vigor el 10 de enero y que, en la práctica, «convierten a los pescadores en administrativos», añadiendo presión a un sector que ya trabaja con limitaciones y una elevada tensión normativa.
Preaviso de dos horas y media
Uno de los puntos que centra la crítica del PP es el preaviso de dos horas y media que el Ministerio aplicaría a los buques de más de 12 metros respecto a su llegada a puerto y la previsión de capturas. Para la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Dénia, Pepa Font, se trata de una exigencia «inasumible» para la flota local y que no se ajusta a la realidad de la pesca mediterránea, caracterizada por salidas de proximidad y por una operativa muy condicionada por el estado del mar, la seguridad y la propia dinámica de la faena.
En esta línea, Font sostiene que no tiene sentido exigir ese margen de aviso a embarcaciones que, en muchos casos, trabajan a escasa distancia del puerto.
Registros y sanciones
Los populares también alertan del cambio en el Registro Diario de Capturas, ya que —según exponen— se elimina el umbral mínimo de 50 kilos y pasa a ser obligatorio anotar cada especie desde el primer kilogramo.
El concejal del PP Esteban Chornet considera que la suma de estas exigencias supone un «nuevo zarpazo burocrático» que desplaza al patrón y a la tripulación de su trabajo en el mar hacia una carga administrativa desproporcionada, con el riesgo añadido de sanciones por errores formales.
El PP subraya la importancia económica y social de la pesca en la Comunitat Valenciana y aporta cifras de capturas y valor en lonja: 12.825.599 kilos durante el último año y un valor estimado de 69.540.559 euros. Para el grupo popular, estos datos evidencian que se trata de una actividad con impacto directo en la economía local, en la cadena vinculada a lonjas y puertos y en el sostenimiento de numerosas familias.
La moción
La propuesta que el PP pretende llevar al pleno reclama una respuesta del Ministerio basada en tres líneas principales: adaptar la normativa europea a la realidad del Mediterráneo, reforzar el diálogo con el sector y ofrecer seguridad jurídica para evitar que los pescadores se enfrenten a sanciones por obligaciones que, a juicio de los populares, resultan imposibles de cumplir en condiciones reales de trabajo.
