Disputa entre el PSPV y el PP por la responsabilidad de una sentencia que costará a Dénia 3 millones de euros

Una sentencia que condena al Ayuntamiento de Dénia a pagar casi 3 millones de euros ha hecho tambalear la campaña electoral. El Tribunal Superior de Justicia ha sido quien ha dictado la sentencia por un impago durante 4 años a una mujer a la que le adquirieron un campo de 35.000 metros cuadrados. La condena, como es de imaginar, llega en el peor momento, encontrándose las formaciones en plena campaña. El PP se ha apresurado para señalar y criticar la «mala gestión» del PSPV, gobernantes durante esta legislatura. No obstante, los socialistas han respondido acusando a los populares de haber sido responsables de este entuerto. La polémica está servida.

Los terrenos de Dénia que han provocado el cruce de reproches

Todo estalló con la publicación del diario TodoAlicante en la que informaban de la sentencia y señalaban al gobierno de Vicent Grimalt como responsable directo de esta multa que ahora costará 2.700.000 euros, más intereses legales, a las arcas municipales. Según la publicación, el terreno ubicado próximo a la Vía Verde que iba a ser destinado para el proyecto bancalet, un espacio donde cultivar productos de kilómetro cero, fue adquirido por 676.000 euros en su día. Bueno, más que adquiridos fue pactado dicho intercambio. Pero, según TodoAlicante, durante 4 años no se hicieron cargo de hacer frente al desembolso económico, por lo que la propietaria pidió que se le devolvieran los solares.

El Ayuntamiento no los devolvió, y tampoco pagó, afirma el diario alicantino, por lo que intervino el TSJ para que se indemnizara a la propietaria por la supuesta expropiación. Debido al letargo por no pagar en su momento, los 676.000 euros pasaron a ser 2.700.000, más costos legales.

Font señala a Grimalt

Esta noticia en campaña es bien jugosa, y el Partido Popular, una de las fuerzas con más posibilidades de complicarle las cosas al PSPV el 28M, se apresuró para esgrimirla con el fin de dejar en evidencia a su principal rival.

«La mala gestión del Ayuntamiento de Dénia hará que los ciudadanos paguemos casi 3 millones de euros por unos terrenos de 35.000 m2». Así titulaba el comunicado emitido a la prensa, una cita de la candidata Pepa Font que no dejaba dudas a la hora de señalar al supuesto responsable.

Pepa Font en una presentación de su campaña

Font afirmaba lamentar la sentencia que tocaría pagar a los vecinos, indicando que se debía a «una mala gestión del Ayuntamiento de Dénia y de su responsable, el alcalde Vicent Grimalt, quién debería dar explicaciones a los ciudadanos dianenses».

La versión socialista

Lo que seguro no esperaba era el giro de acontecimientos que provocó un artículo también emitido por el PSPV a la prensa, en el que no solo negaban ser los responsables, sino que señalaban a la propia Pepa Font como principal culpable: «Firmó en 2011 una resolución para intentar esconder ‘debajo de la alfombra’ la solicitud de expropiación de la propietaria de las parcelas por las que ahora el Ayuntamiento tiene que abonar 3 millones».

Según los socialistas, el pleito empezó en 2011, siendo Pepa Font la concejala de Planeamiento y Ana Kringe, la alcaldesa popular del momento. Es decir, que no sería cosa de ahora como se ha publicado en la prensa y ha insistido Font. El PSPV subraya que la expropiación se presentó ese verano de 2011 y, ante la falta de respuesta municipal, la interesada insistió en noviembre pidiendo al Ayuntamiento certificado de silencio administrativo y la intervención del Jurado Provincial de Expropiación para determinar el justiprecio.

Intervención de Vicent Grimalt durante esta campaña electoral

«En diciembre de ese mismo año [2011], la concejala delegada de Planeamiento, Pepa Font, firmó una resolución por la que se acuerda no emitir certificado de silencio positivo y suspender el procedimiento. Y el recurso de reposición obvio de la propietaria fue inadmitido por resolución de la alcaldesa», comunican los socialistas. «A partir de aquí, el recorrido judicial continuó hasta la sentencia definitiva del TSJ de 2014 que dejó sin efecto las resoluciones de Font y Kringe y conminaba al ayuntamiento a presentar propuesta de adquisición de mutuo acuerdo de los terrenos y, en caso de disconformidad, dejar la decisión en manos del Jurado de Expropiación, que finalmente valoró en 676.000 euros, a abonar por el consistorio, los terrenos que pasaron así a ser de titularidad municipal».

El pago fue liquidado en 2019 por el gobierno del PSPV, como ha podido corroborar este periódico, para poner en marcha el proyecto citado al principio de esta noticia. «No obstante, la propiedad volvió a recurrir y llegamos a la nueva sentencia del TSJ, de marzo de 2023, que eleva la valoración de las parcelas hasta los 3 millones de euros aproximadamente (la solicitud inicial, de 2011, las tasaba en 17 millones) al atender las razones de la propiedad respecto al tipo de cultivo y método de capitalización de rentas».

Según el PSPV, todo esto no es más que «la herencia envenenada de un gobierno inepto, el pentapartito del tándem Kringe-Font, que en su afán por legitimarse después de una moción de censura con tránsfuga incluido intentó vender una imagen idílica de su acción ocultando todo aquello que podía empañarla».

El reto del PP

Las acusaciones han pillado a la formación de Pepa Font por sorpresa. Y la popular no se ha limitado a negarlas, sino que ha instado al candidato socialista a que acuda a la justicia si aquello que indica es cierto. «Reto a Vicent Grimalt a que, si tiene algún delito del que acusarme, vaya al juzgado. Mientras tanto, que deje de difamar gratuitamente».