Dénia se planta. El ayuntamiento ha decidido elevar a los tribunales su salida del Consorcio de Aguas de la Marina Alta tras años de lo que consideran una gestión nula y un silencio administrativo que bloquea cualquier avance. La decisión, tomada por vía de urgencia en el último pleno ordinario, supone un recurso contencioso-administrativo contra un ente que, según el equipo de gobierno, ha dejado de cumplir su función hace mucho tiempo.
La paciencia se ha agotado en el consistorio dianense. El concejal Paco Roselló recordó que ya en noviembre de 2023 se iniciaron los trámites para abandonar el consorcio, una petición que se reiteró formalmente en febrero de este año. Sin embargo, la respuesta del ente comarcal ha sido el silencio absoluto. Ante esta falta de noticias, Dénia ha optado por la vía legal para liquidar su parte y desvincularse definitivamente de una estructura que consideran inoperante.
Una década de proyectos fantasma
El alcalde, Vicent Grimalt, fue especialmente duro al justificar esta medida. Grimalt, que forma parte del consorcio desde 2015, aseguró que en todo este tiempo no se ha presentado ni un solo proyecto para solucionar los problemas de suministro de la comarca. El primer edil calificó de «absurda» la permanencia de la ciudad en un organismo que no aporta soluciones reales a los vecinos y que, incluso, ha sido cuestionado públicamente por su falta de iniciativa en momentos críticos de sequía en municipios como Xaló.
Durante el debate, el alcalde también quiso desmontar la idea de que la salida de Dénia perjudique al resto de la comarca. Según explicó, aproximadamente la mitad de los pueblos de la Marina Alta ni siquiera forman parte de este consorcio, por lo que su disolución o reforma no debería ser un drama, sino una necesidad para crear algo que funcione de verdad. «Para estar en un lugar donde no se hace nada, mejor que se disuelva y se replantee de forma seria», sentenció Grimalt.
Dudas en la oposición por los costes judiciales
No todos los grupos políticos vieron clara la estrategia. Desde el Partido Popular y Gent de Dénia se pusieron sobre la mesa dudas sobre la viabilidad de este recurso y los gastos jurídicos que podría acarrear para las arcas municipales. Algunos concejales cuestionaron si abandonar el ente es la mejor opción en un tema tan sensible como el agua, calificando la salida de «error».
Pese a las reticencias, el equipo de gobierno defendió que el coste para el ayuntamiento será nulo, ya que el proceso lo gestionará la empresa que ya tiene contratada el consistorio para sus asuntos jurídicos. Finalmente, la propuesta salió adelante por mayoría, marcando el inicio de una batalla legal que busca poner fin a una relación institucional que Dénia ya da por muerta.
