Los expertos desconfían de la liberación de la AP7 y proponen bonificaciones y reducción de los precios

El 31 de diciembre de 2019 finaliza la concesión de la autopista AP7, que actualmente gestiona la empresa Aumar. El debate sobre la liberación de esta importante vía de acceso a la comarca de la Marina Alta está abierto, pero está en manos del gobierno central el finalizar la concesión cuando termine el contrato y hacerse cargo de la autopista, o alargar su gestión privada.

Este jueves, en el marco del foro de opinión y debate de la sociedad civil de la Provincia de Alicante PROA, expertos y conocedores de la situación de las comunicaciones en la Marina Alta debatieron sobre las opciones que existen actualmente con la gestión de la autopista, que vertebra el territorio valenciano.

En este sentido, Armando Ortuño, profesor doctor en Ingeniería Civil por la Universidad de Alicante, explicó que el gobierno tiene que tomar una decisión en los próximos seis meses. Y es que la de la AP7 no es la única concesión cercana a finalizar. Otras, como la carretera que une Burgos con la frontera francesa están cerca de expirar, y Ortuño opina que el gobierno optará por una solución similar para todas las carreteras que están en la misma situación.

Ortuño puso sobre la mesa las tres posibles salidas a esta situación en la Ap7. La primera de ellas, que se mantenga la concesión. En este caso, la única ventaja que encuentra es que los costes medioambientales los paga el usuario en cada peaje, mientras que las desventajas son mayores: la N332 seguiría estando congestionada, mientras que la AP7 seguiría vacía, y la sociedad, en su mayoría, rechaza que este modelo continúe vigente.

El segundo supuesto es la liberalización de la autopista. La principal ventaja para Ortuño es la económica, ya que sería el fin de los peajes en esta autovía. Por contra, el mantenimiento recaería en el estado, generando un déficit que acabaríamos pagando los contribuyentes. Entre las desventajas Ortuño habló también de la bajada de la demanda del transporte público y de las mejoras necesarias en la nacional 332, que podrían verse afectadas si el Ministerio no pudiera hacer frente económicamente a todas ellas por el mantenimiento de la AP7.

El profesor en Ingeniería Civil propuso una tercera vía: que no se libere, pero que se consiga una reducción de entre el 40 y el 60% del precio de los peajes, al que se sumaría una bonificación por el uso de vehículos eléctricos o por viajes de trabajo, entre otras posibilidades.

A esta posibilidad de unió el Cercle Emrpesarial de la Marina Alta. Su presidenta, Sonja Dietz, abogó por descuentos y deducciones a los usuarios y bonificaciones a las empresas que utilicen esta vía como transporte de sus mercancías, por ejemplo. A estas opciones, Dietz añadió las bonificaciones a quienes nos visitan en temporada media-baja, una medida que ya se aplica en las Islas Baleares.

La mesa de debate organizada por PROA contó también con la participación de Andrés Rico, representante provincial del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y Juan Marsal, Expresidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, mientras que el dianense Antonio Cidoncha ejerció de moderador.

La comarca peor comunicada del Mediterráneo

La AP7 no fue el único tema de debate en este foro. También el TRAM, el Tren de la Costa y la Nacional 332 sacaron a relucir que la Marina Alta es la comarca peor comunicada del Mediterráneo, convirtiéndose en "la cuarta isla".

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, recordó que "la conectividad y las buenas comunicaciones representan un factor determinante para el progreso y bienestar de los ciudadanos", y abogó por que los ingresos que genera el puerto de Dénia se queden en la ciudad.

Por su parte, Juan Riera, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, lamentó la "discriminación" que sufren los ciudadanos de la Marina Alta, la Marina Baixa y la Safor con respecto a otros territorios.