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Los clubes náuticos emprenderan acciones legales contra la Generalitat por la modificación de la Ley de Puertos

12 de noviembre de 2015 - 00:00

La Asociación de Clubes Náuticos ha solicitado a sus asesores jurídicos que estudien posibles iniciativas legales para enfrentarse a las tesis esgrimidas por la Generalitat para iniciar un proceso de privatización de las instalaciones que actualmente gestionan los clubes náuticos, ya que, a su juicio, la situación es muy clara desde el aspecto legal.

La Conselleria de Infraestructuras ha presentado una modificación a la disposición derogatoria única de la ley de Puertos de la Generalitat Valenciana, escondiéndola dentro de la tramitación de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos. Está modificación propone eliminar de la Ley de Puertos el supuesto de adjudicación directa de concesiones cuando el solicitante es un club náutico.

Vista áerea del RCN. Dénia

Los clubes náuticos no se explican esta medida derogatoria, ya que si el marco legal Europeo obligara a la Generalitat Valenciana a sacar a concurso público las concesiones de los Clubes Náuticos no seria necesario una modificación de la Ley de Puertos como la que propone.

La modificación propuesta pone de manifiesto que la Ley permite solicitar una nueva concesión sin concurso público cuando el solicitante es un Club Náutico, por lo que desde la Conselleria quieren eliminar esa posibilidad para permitir que las instalaciones que actualmente gestionan los Clubes Náuticos pasen a manos privadas.

Si la modificación de la Ley de puertos prospera, se producirá un agravio comparativo con la Ley de Puertos del Estado, que destaca por el reconocimiento a la labor de los clubs y permite otorgar una nueva concesión a un Club Náutico sin la obligatoriedad de acudir a un concurso público.

De este modo, existirá una clara indefensión para la actividad de los clubes en los puertos que dependan de la Autonomía, frente a aquellos que se encuentran bajo la administración del Estado.

Real Club Náutico Dénia

Así, en relación con la directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de concesión, cabe señalar que dicha directiva no se aplica a las Concesiones Demaniales que se regulan por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas.

Es necesario recordar que el 15 de mayo de 2015 se emitió un informe por parte de la Abogacía General de la Generalitat donde aclara el régimen jurídico aplicable a los Clubes Náuticos. Este informe establece claramente que la utilización privativa del dominio público portuario requiere de concesión demanial y, por lo tanto, la gestión o explotación de las instalaciones náutico-deportivas de la Comunitat no debe configurarse como una concesión de gestión de servicio público ni sujetarse a la normativa de la contratación pública.

En consecuencia, dicho documento establece que la Administración no está obligada a convocar concurso cuando el solicitante sea un club náutico. Asimismo, cuando el solicitante de una concesión sea un club náutico, el procedimiento será el previsto en el artículo 34 y siguientes de la Ley 2/2014 de 13 de junio, sin necesidad de trámite de información pública, ni de convocatoria de concurso ni tampoco del trámite de competencia de proyectos.

Instalaciones del RCN Dénia

Los clubes no quieren amnistías ni prórrogas temporales, sino trabajar con garantías y con una seguridad jurídica suficiente para acometer las reformas e inversiones necesarias con el objetivo de ofrecer el mejor servicio posible a todos los usuarios --incluidos deportistas, turistas y visitantes-- de la náutica de la Comunitat Valenciana.

El único beneficiado de la supuesta amnistía es la propia Generalitat, que evita hacerse cargo de las instalaciones y deja que sean los clubes quienes las mantengan mientras gana tiempo para preparar sus concursos para dar entrada a las empresas privadas.

Ante este panorama incierto y el silencio de la Generalitat sobre las diversas solicitudes de reuniones, los clubes están ya preparando acciones de protesta y defensa como la interposición de contenciosos administrativos y la organización de concentraciones y manifestaciones para reclamar a la administración diálogo en lugar de imposición.

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