La Plataforma por la Sanidad Pública de la Marina Alta ha hecho público el informe de la comisión de auditoría ciudadana del Departamento de Dénia, un documento que se presentó a la Conselleria el pasado 8 de enero con el objetivo de que se trasladara a Les Corts, sin haberse enviado a día de hoy.
Es por ello que los miembros de la plataforma acordaron presentar públicamente las conclusiones de este informe, que cuestiona la calidad, la eficiencia económica, la fuga de especialistas y las condiciones en las que se realizó la adjudicación a la empresa concesionaria.
En la elaboración de este informe participaron un representante de cada partido político con representación en Les Corts; una representante de los Ayuntamientos que abarca el Departamento de Salud de Dénia; un representante del Comité de Empresa de Marina Salud; un representante de la Junta de Personal y un miembro de la Plataforma. Todos ellos, con la ayuda puntual de funcionarios de la Generalitat, han trabajado durante 14 meses en la elaboración del documento final.
El informe refleja diez conclusiones, entre las que destaca que los pliegos de condiciones de la concesión se redactaron “a medida de los adjudicatarios”, así como que “los términos del contrato han dio cambiando”. El informe denuncia la judicialización del sistema “debido al continuo tira y afloja entre adjudicatarios y la administración”, y revela que “no hay evidencia científica de que este modelo sea más eficiente”.
Otra de las conclusiones alcanzadas es que “el modelo no ofrece ni puede ofrecer equidad”, basándose la dos factores: por un lado, la baja ratio de personal no facultativo, y por otro, la fuga de especialistas debido a “una alta rotación que lleva a la pérdida de experiencia”.
Además de los incumplimientos del contrato, el informe afirma que “la calidad de la asistencia prestada es cuestionable” y que este modelo “crea una brecha insalvable entre los trabajadores del sistema sanitario”.
Como conclusión final, apuntan que “el sistema de colaboración público-privada se implantó sin buscar un consenso social y sin aplicar la legislación pertinente”.
