La tensión entre el sector inmobiliario y el área de urbanismo de Dénia ha saltado por los aires. Tras mantener una reunión de su junta directiva, la Asociación de Promotores de la Comarca ha emitido un contundente balance en el que tilda la situación actual de «alarmante» y lanza un aviso directo: si los tribunales confirman la nulidad del Plan General Estructural (PGE), sopesan acudir a la vía penal contra los cargos políticos y técnicos responsables.
El presidente del colectivo, Carlos Pesquera, dibuja un escenario marcado por la asfixia económica y la falta de seguridad jurídica. Denuncian una concatenación de decisiones que consideran arbitrarias, desde la suspensión continuada de licencias urbanísticas hasta irregularidades en la gestión y monetización de aprovechamientos, pasando por desclasificaciones de suelo justificadas, según afirman, en ocupaciones de monte público sin respaldo documental solvente. Unos hechos que la propia asociación ya ha puesto en conocimiento tanto del alcalde de Dénia como del president de la Generalitat Valenciana.
A la espera del fallo sobre el Plan General
La vista está puesta ahora en los juzgados. El colectivo empresarial aguarda el pronunciamiento inminente sobre el recurso contencioso-administrativo presentado contra la totalidad del planeamiento, un litigio que lleva más de un año visto para sentencia. Para los promotores, este dictamen marcará el alcance real de las deficiencias cometidas durante la tramitación del plan.
En el centro de las críticas sitúan a la concejala de Territori, Maria Josep Ripoll, a quien señalan como la principal responsable del «caos urbanístico» que sufre el municipio. No obstante, los reproches alcanzan igualmente a la administración autonómica: cargan contra el actual director general de Urbanismo de la Generalitat Valenciana por mantener, según apuntan, una postura complaciente ante estas actuaciones.
El riesgo patrimonial sobre los vecinos
Uno de los puntos más controvertidos del comunicado apunta directamente a las arcas locales. La asociación recuerda que, durante la aprobación del documento en abril de 2023, la Generalitat incluyó a última hora una cláusula para eludir posibles responsabilidades patrimoniales, trasladando todo el riesgo de indemnizaciones al Ayuntamiento y, en última instancia, al bolsillo de la ciudadanía.
De anularse el plan, el colectivo descarta quedarse en la vía administrativa ordinaria. Aseguran que evaluarán abrir causas penales al considerar que existió un dolo manifiesto, sosteniendo que se adoptaron medidas a sabiendas de su improcedencia y dejando desprotegido el interés general de Dénia.
