Dénia tiene sobre la mesa el desarrollo de uno de sus sectores residenciales más importantes, pero parece haber empezado la casa por el tejado. El Ayuntamiento ha sacado a licitación la redacción del Plan Parcial de Playa-Torrecremada, un paso vital para rematar la ansiada Ronda perimetral, sin tener claro un detalle bastante elemental: el precio. La Asociación de Promotores Turísticos de la Comarca (APTDC) ha dado la voz de alarma ante lo que consideran un orden de actuación ilógico que podría encarecer, y mucho, las futuras viviendas de la zona.
Desde la asociación no cuestionan la necesidad del proyecto, sino la forma en la que se están haciendo las cosas. Consideran que el consistorio debería haber definido primero qué tipo de urbanización quería, aclarando aspectos clave como la anchura de la vía, las zonas verdes o las soluciones frente a inundaciones. A partir de ahí, tocaba redactar una Memoria de Viabilidad Económica previa para saber si el coste de las obras es asumible con la edificabilidad que marca el Plan General. Sin embargo, esta tarea se ha dejado en manos del equipo que gane el concurso, obligándolo a diseñar la actuación y, a la vez, hacer encajar los números para justificar que es económicamente viable.
Un desfase normativo que cambia las reglas
A la falta de previsión económica se suma un patinazo legal bastante llamativo. El pliego de condiciones lanzado en este año 2026 mantiene una reserva del 30 % para vivienda protegida, arrastrando el porcentaje que se fijó cuando se redactó el planeamiento municipal. El detalle que se ha pasado por alto es que la Ley por el derecho a la vivienda de 2023 subió ese mínimo al 40 % para las actuaciones de nueva urbanización.
Pasar de un tercio a casi la mitad de vivienda protegida altera por completo la viabilidad económica de toda la operación, engordando los costes que debe soportar la promoción. Los promotores ven incomprensible que una cuestión de este calado no se haya estudiado antes de lanzar la licitación, ya que obliga a recalcular todo sobre la marcha en una actuación que ya parte con mucha incertidumbre.
Viviendas asequibles solo sobre el papel
Que los números acaben cuadrando en un despacho municipal no significa que el problema habitacional se solucione en la calle. Mientras la vivienda libre cuenta con más margen para absorber el alto coste de urbanizar y construir, la vivienda protegida choca de frente con un límite legal de venta. Si las obras para acondicionar Playa-Torrecremada se disparan, esa presión económica recaerá directamente sobre los pisos teóricamente asequibles.
Para hacerse una idea del impacto real, los promotores advierten de que, si la urbanización terminara costando entre 45 y 60 millones de euros, a cada vivienda protegida de cien metros cuadrados se le sumarían entre 21.000 y 28.000 euros solo en concepto de cargas urbanísticas. Ante este panorama, el colectivo plantea una reflexión sobre el modelo de ciudad que se persigue: «¿Queremos simplemente construir viviendas calificadas como VPP o queremos conseguir viviendas que la gente pueda realmente pagar?».






