El Partido Popular de Dénia ha denunciado que la comisión especial de investigación por el Caso Collado ha sido desde el principio una "caza de brujas". Los populares han emitido un comunicado en el que se muestran sorprendidos por el funcionamiento de la comisión en varios aspectos.
El primero, que la concejal de Compromís Marian Tamarit acudiera a la primera reunión de la comisión "con las conclusiones en la mano". Según explican los populares, "antes de que se llamara a los testigos o se revisaran las pruebas, ya habían decidido qué conclusiones se iban a extraer de todo el proceso". Asimismo se muestran sorprendidos por que "todas las acusaciones que se vertían sobre los ediles populares del anterior equipo de gobierno se basaran en la palabra de un miembro del personal municipal –según nos había informado el alcalde- a quien no se llevó a declarar como testigo a la comisión y al que por tanto no pudimos ni hacer preguntas ni contrastar su testimonio".
Los populares afirman en el comunicado que "pedimos en varias ocasiones al presidente de la comisión, el edil Alex Rodenkirchen que se incluyera en la lista de testigos a otras personas, a las que finalmente NO llamó a testificar". El grupo popular denuncia también que "por no llamar, no se llamó ni a la anterior alcaldesa, a quien por cierto se le acusan de todos los males y en el más puro estilo soviet no se le dio la oportunidad ni de explicarse ni de defenderse".
Finalmente, desde el PP dianense se denuncia que "en la sesión en la que se debía debatir las conclusiones, vinieron con ellas en la mano, nos entregaron un papel y sin mayor debate posible quisieron que fueran admitidas por nosotros. Nos negamos, protestamos y finalmente el presidente decidió aplazar el dictamen a la espera de un informe jurídico que aún hoy no ha sido redactado".
"Actuamos de buena fe"
En el comunicado emitido como respuesta a las conclusiones del Caso Collado, el PP de Dénia afirma que en el pleno del 14 de julio de 2008 en el que se acordó dar nuevas competencias al edil Juan Collado "los entonces gobernantes actuaron de buena fe y plenamente convencidos de que estaban tomando una decisión correcta ya que disponían de informes jurídicos favorables".
Asimismo, los populares recuerdan que votaron a favor de la puesta en marcha de la comisión especial de investigación también "de buena fe", para que se investigara "si hubo o no irregularidades en la notificación de la sentencia".
"La comisión ha extralimitado sus funciones"
Los populares consideran que "esta comisión se ha extralimitado en sus funciones dado que se trataba de dilucidar si hubo algún tipo de irregularidad en la notificación de una sentencia y finalmente lo que hace es una interpretación completamente arbitraria y partidista de cómo debería ejecutarse esa sentencia, cuando eso es algo reservado a los tribunales".
Ante la decisión del equipo de gobierno de llevar este tema al pleno ordinario que se celebra hoy jueves, el PP entiende que el acuerdo que resulte deberá ser "nulo de pleno derecho" ya que "se decidió aplazar el dictamen de la comisión para pedir un informe jurídico que finalmente no se ha realizado".
