El pulso entre el Ayuntamiento de Dénia y la Generalitat Valenciana por el futuro urbanístico de la ciudad sube de tono. El equipo de gobierno local ha rechazado de plano firmar el protocolo autonómico para desarrollar el sector de Torrecremada, la mayor área de crecimiento del municipio y el punto clave para el acceso al puerto. El motivo es rotundo: el consistorio acusa a la Conselleria de buscar un «pelotazo urbanístico» que duplicaría las alturas de los edificios, transformando la localidad en un modelo totalmente alejado de su esencia.
Maria Josep Ripoll, concejala de Urbanismo, y Rafa Carrió, alcalde del municipio, han escenificado este fuerte rechazo tras recibir un escrito de la administración autonómica que insiste en tutelar el desarrollo de la zona mediante un plan especial. Para el gobierno local, ceder la gestión supone romper las costuras del Plan General Estructural recién aprobado y apostar por un modelo de ciudad basado en la especulación. Frente a esta injerencia, el consistorio ya ha sacado a licitación la redacción de un plan parcial municipal para hacer valer sus propias competencias y diseñar la Dénia de las próximas décadas.
El miedo a convertirse en un pequeño Benidorm
La propuesta del Consell pasa por aumentar drásticamente la edificabilidad de la zona. Según ha detallado Ripoll a preguntas de los medios, esta concesión implicaría pasar de las cuatro o cinco alturas previstas inicialmente a prácticamente el doble. «Frente a esta excusa para convertirnos en un Benidorm, nosotros defendemos una ciudad mediterránea con densidades medias, mezcla de usos y espacios garantizados para centros educativos y zonas verdes», ha argumentado la responsable de Urbanismo.
Desde las dependencias municipales insisten en que no se oponen a la conexión viaria. De hecho, Carrió ha recalcado que la nueva carretera es una necesidad prioritaria compartida por ambas administraciones. La verdadera discrepancia radica en quién asume la millonaria factura y cómo se ejecuta el proyecto. La postura de Dénia es firme: el consistorio cede los terrenos que hagan falta, pero debe ser la Generalitat quien financie íntegramente la obra pública, dado que el puerto es de titularidad autonómica y genera unos ingresos inmensos para las arcas del Consell.
Duras críticas a la nueva Ley del Suelo
Durante la comparecencia, los dirigentes locales también han cargado con dureza contra la nueva Ley del Suelo que tramita el gobierno autonómico valenciano por la vía de urgencia. Ripoll ha alertado de que esta normativa, cocinada supuestamente con la participación activa de los grandes promotores, deja los planes generales como meros documentos orientativos y permite construir prácticamente en cualquier tipo de terreno, llegando a ignorar informes sectoriales cruciales.
Los responsables municipales han manifestado además su profunda preocupación por la rebaja de los porcentajes exigidos para vivienda pública, un pilar que el gobierno de Dénia considera innegociable en los futuros desarrollos de Torrecremada. Pese al choque frontal por los modelos urbanísticos, el equipo de gobierno ha querido dejar la mano tendida a la Generalitat Valenciana para sentarse a coordinar los trabajos, siempre y cuando se respete la autonomía del ayuntamiento a la hora de decidir quién paga las infraestructuras y cómo tiene que crecer el municipio.
