El Ayuntamiento de Dénia ya ha recibido el requerimiento de la Conselleria de Políticas Inclusivas para designar a los cinco representantes, a parte de la alcaldía, los cuales formarán parte de la comisión mixta que trabajará en el proceso de traspaso de competencias de la residencia municipal de Santa Llúcia. Desde el equipo de gobierno dianense ya han adelantado que en sus planes cabe integrar en la comisión a algún representante de los grupos políticos de la oposición.
En un un plazo de 15 días naturales, el consistorio tiene que nombrar a las personas que participarán en la comisión y será tanto personal político como técnico. Además, la composición de la comisión será paritaria entre representantes de la Generalitat y de la entidad local. Sin embargo, la presidencia recaerá en la persona titular de la Conselleria y la vicepresidencia en el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt.
Este requerimiento y la constitución de la comisión mixta son los dos primeros pasos que inician el proceso de transferencia de la residencia municipal, en cumplimiento de la Ley 3/2019, del 18 de febrero, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad Valenciana. Esta, en la disposición transitoria primera especifica: «La Generalitat, de acuerdo con lo que disponga el Plan estratégico de servicios sociales de la Comunitat Valenciana, promoverá el proceso de transferencia progresiva a la Generalitat de las infraestructuras y equipamientos de atención secundaria y de los servicios de atención diurna, de atención ambulatoria y de alojamiento alternativo de la atención primaria, de titularidad de las entidades locales».
El 30 de noviembre de 2020 el Ayuntamiento de Dénia recibió una carta de la Secretaría Autonómica de Planificación y Organización del Sistema en la que se solicitaba información sobre el centro. Todo dentro del marco del estudio general de la situación de los centros residenciales (atención secundaria) de titularidad municipal, que Conselleria estaba desarrollando para dar cumplimiento a la mencionada ley, y «avanzar en el traspaso de infraestructuras de competencia autonómica».
