La situación entre el litoral de Dénia y Costas sigue tensándose. La falta de diálogo y explicaciones está propiciando el descontento cada vez más agraviado de unos vecinos que ruegan respuestas. Pero no están llegando a aquellos cuyas viviendas están en peligro pese a citarles para, supuestamente, detallar toda la información.
El martes era un día crucial para la batalla del litoral dianense. La mayoría de vecinos afectados por el deslinde fueron citados al acto de apeo que tuvo lugar en la estación marítima de Baleària. En el lugar les esperaba una desmesurada presencia de efectivos de la policía nacional y dieron comienzo las restricciones. Al interior del salón se prohibía la entrada con distintos objetos para evitar que pudieran ser arrojados en un arrebato contra los representantes de Costas. Eran conscientes de la crispación generada.
Dentro les esperaba la jefa de demarcación provincial de Costas, Rosa de los Ríos, el director del proyecto, Antonio Pascual, y otros cuatro funcionarios y trabajadores de Costas y de Tragsatec.
Poca respuesta para rebajar la tensión
La Asociación de afectados por la Ley de Costas de Dénia llegaron con su equipo jurídico y muchos vecinos con sus pancartas y su rabia por tener que defender sus casas. Y un gran listado de preguntas que no recibieron respuesta. Ni lo básico: se solicitó que dijesen en qué reglamento se había basado la propuesta de deslinde. «Quedaron atónitos y no supieron muy bien qué contestar», nos cuentan desde la asociación.
A cada particular se le va a hacer una «confiscación», afirman, sin indemnización de su propiedad y, además, se les dice que no hay más justificación técnica que los planos y trazados de la web del Ministerio.
Solo expusieron y poco respondieron, pero sí invitaron a los vecinos a que fueran testigos de cómo entraban en sus propiedades para marcar lo que ya no sería de ellos. Es decir, indicaron que quien quisiera podía acudir al terreno donde pasarían a mostrar los vértices que conforman la línea de dominio público. Y varios así lo hicieron, pero esos trabajadores siguieron sin dar las respuestas que solicitaban los vecinos. «La tónica era de actitud desafiante y prepotente, y la respuesta generalizada era que alegásemos, que esto era una fase muy inicial del deslinde».
La indefensión de los vecinos tras presenciar cómo «pisan sus derechos»
Los afectados señalan que, a pesar de que se encuentra en una fase temprana del expediente de deslinde, ya han experimentado daños y perjuicios en sus propiedades. Todos ellos tienen una nota al margen en sus escrituras públicas en el registro de la propiedad. Esto, según la asociación, ha devaluado y, en algunos casos, limitado o impedido la libre compra y venta de sus propiedades en este momento.
La Asociación muestra su inquietud sobre la falta de justificación técnica del deslinde por parte de las autoridades. Han expresado su temor de que esta información sea proporcionada cuando queden pocos días antes de perder definitivamente sus casas.
Sostienen que en todo momento las autoridades de Costas han afirmado que no se trata de una expropiación, sino de un cambio en la calificación del terreno debajo de sus casas. Estas casas, según la Asociación, tienen servicios básicos, contribuyen al impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y están debidamente inscritas en el registro de la propiedad debido a que en su momento todas las administraciones competentes otorgaron permisos y licencias para su construcción.
La asociación considera que los derechos de los ciudadanos están siendo violados por parte de las autoridades, y en particular, la demarcación provincial de Costas de Alicante, que ha sido acusada de actuar con despotismo, arrogancia y cinismo. Además, se alega que han incumplido plazos, actuado de manera opaca y no han mostrado deferencia hacia los afectados. La asociación argumenta que los ciudadanos se sienten desprotegidos y se ven enfrentados a un proceso injusto y opaco.
En resumen, la Asociación de Afectados por la Ley de Costas denuncia una situación de total indefensión ante el Estado, causada por una ley de costas y sus reglamentos posteriores que, según ellos, no protegen la costa, sino que usurpan propiedades de primera línea sin indemnización. La asociación sostiene que se está tratando de culpar a las viviendas construidas legalmente en su momento y que la solución propuesta es la expropiación sin indemnización. Los afectados temen que, en última instancia, se les imponga el costo de la demolición y desescombro de sus viviendas.
Si los vecinos tienen razón, la justicia está con ellos
El alcalde del 30% es el responsable de todo esto por su inacción y sumisión al gobierno de Sanchinflas.
No movió ni un dedo por los vecinos.
Denia es un cachondeo y lo sera siempre. Aqui hacen lo que les place, han destrozado el pueblo con edificios infectos , feisimos y ahora quieren tirar casitas. Esta gente esta mal de la olla y encima piensan que pueden hacer lo que les de la real gana pisoteando a la gente. Nos sacan las entrañas con impuestos que se gastan en petardos porque lo que es en mantener el pueblo no. Vamos que sin ir mas lejos el cami Llavador lleva 20 años con los mismos baches y les importa un pito.
Lo del deslinde no tiene nada que ver con el ayuntamiento, aparte de que se podría haber enfrentado a esa decisión en defensa de sus ciudadanos.
El gobierno del psoe es culpable junto con el alcalde ladrón.
Estaban esperando a perder el poder para convertir la región Valenciana en una rabiadera.
Son unos hdp