En la rueda de prensa celebrada esta mañana en la sede de Compromís en Dénia, la portavoz de Servicios Sociales de Compromís en les Corts, Nathalie Torres, el diputado Gerard Fullana y el portavoz de Compromís de Dénia, Rafa Carrió, han criticado con dureza la reciente decisión de la Generalitat sobre el Pla Convivint, que afecta tanto a la construcción de una segunda residencia como a la creación de un centro de día en Dénia.
Rafa Carrió ha acusado al Govern de “total desprecio por la dignidad y los servicios públicos”. “Lo que quieren hacer es un negocio, privatizarlo todo y regalárselo a sus amiguitos”, ha afirmado Carrió.
Por su parte, Nathalie Torres ha puesto énfasis en la “ideología política” del nuevo modelo impulsado por la Generalitat, refiriéndose al modelo ‘Cotino’, que, según ha denunciado, busca lucrarse a costa de los más vulnerables. “No es culpa de los ayuntamientos, sino de los directivos generales que gestionan mal los fondos europeos”, ha declarado Torres. También ha alertado sobre la vulneración de los derechos de colectivos como las personas mayores y otros sectores vulnerables. Ha subrayado “la falta de sensibilidad ante las necesidades de las personas mayores y con mayor dependencia, señalando que lo que se presentaba como ‘habitaciones de lujo’ eran, en realidad, espacios destinados a quienes requieren atención especializada“.
Gerard Fullana, diputado de Compromís, ha recordado que el modelo propuesto por la Generalitat ya ha afectado a otras localidades como Altea, Xaló y Xixona, donde los centros sociales han sido derogados. “El ayuntamiento de Dénia no ha hecho nada mal. Son decisiones del PP que van en contra del bienestar social”, ha destacado Fullana, quien también ha lamentado la falta de comunicación por parte de los responsables del PP, citando al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, “quien en su visita a Dénia hace unos años no mencionó la retirada de subvenciones para los centros de día”.
Fullana también ha señalado que, “aunque en Gata de Gorgos las obras del centro de día ya estaban adjudicadas y no se pudieron retirar, el PP presionó al alcalde para que renunciara al proyecto, limitó el presupuesto y no aseguró la dotación de personal y material necesarios”.
El partido también ha denunciado que “el incremento de los precios y las nuevas regulaciones de 2023, que suman 4 millones adicionales a los 9 millones destinados inicialmente, contribuyen al fracaso del proyecto”. A pesar de las negativas de la Generalitat, Carrió ha asegurado que “llegaremos hasta donde haga falta, incluso a los tribunales”, para lograr que se reconsideren estas decisiones.
