Casi siete años después de que cuatro partidos de la oposición y un concejal tránsfuga desbancaran de la alcaldía a la socialista Paqui Viciano en la moción de censura de 2008, hemos conocido la existencia de una denuncia por presunta corrupción urbanística contra los once concejales promotores de dicha moción.
El Juzgado Número 3 de Dénia se haya en poder de una denuncia tramitada por la Asociación Contra la Corrupción y por la Regeneración Social (Accors), en la que consideran que pudo haber delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente.
Cronología de los hechos
Fue el pasado mes de junio de 2014 cuando la asociación presentó un escrito a la Fiscalía General del Estado enumerando lo que ellos consideraban los delitos cometidos, denuncia que fue tramitada a la fiscalía de Benidorm y que fue formalizada el pasado 8 de enero en el Palau de Justicia de Dénia. Ahora, la investigación de dicha denuncia debe ser llevada a cabo por el juzgado de instrucción número 3 de Dénia.
El hecho de que la fiscalía presente ese escrito como denuncia indica que consideran que hay algo que investigar, y será el juez Javier Reyes el que deberá tomar la decisión de abrir diligencias previas.
Qué denuncia Accors
La Asociación Contra la Corrupción y por la Regeneración Social (Accors) basa su denuncia en cuatro acciones llevadas a cabo por el pentapartito formado por Partido Popular, Centre Unificat, Gent de Dénia, PSD y el concejal tránsfuga Juan Collado, que consideran que no respetaron los informes medioambientales de los técnicos del Ayuntamiento a los que además destituyeron.
Accors entiende que hay indicio de delito en la recalificación de terrenos del sector Racons 2, calificado en la propuesta del Plan General Transitorio como suelo no urbanizable de especial protección, retirada por la Consellería de Territorio para pasar a ser suelo urbanizable suspendido tras recibir la alegación de la empresa dueña de los terrenos. El gobierno de Paqui Viciano recurrió la decisión de la Generalitat, recurso que no continuó con el nuevo gobierno de Ana Kringe. La asociación denuncia que el administrador único de esa empresa era el entonces concejal Juan Sancho, que pretendía construir 900 viviendas en la zona.
El intento de retirada de otro recurso interpuesto por el gobierno socialista es también un posible delito para Accors. Se trata de un recurso contra los cambios introducidos por la Generalitat en el Plan General Transitorio, que el nuevo gobierno quiso retirar y, al no llegar a tiempo, el Tribunal Superior de Justicia acabó avalando la tesis del gobierno socialista.
Finalmente, Accors destaca en su denuncia la desprotección de la finca de la Baronesa y del cordón dunar de Les Deveses. En el primer caso, el gobierno del pentapartito no protegió el jardín a pesar de que estaba catalogado, y en el segundo, propuso modificar la zona verde que impedía la construcción en la zona, incluyendo en ella un suelo dotacional y un vial.
Desde la Asociación Accors se muestran "satisfechos" por su "colaboración contra la corrupción en Dénia", destacando que "ha sido un trabajo laborioso y posible gracias a la amplia información recibida de ciudadanos comprometidos por erradicar la lacra de la corrupción".
Veremos cómo se suceden los hechos, ya que cinco de esos once concejales siguen a día de hoy en el equipo de gobierno: la alcaldesa, Ana Kringe, y los concejales Vicente Chelet, Pepa Sivera, Sisco Signes y Pepa Font.
La mocion con ayuda de un transfuga, en su dia,OLIA MUY MAL, espero que salga a la luz la verdad, tirando de la manta hasta el final.