El 5 de julio de 2010 el pleno del Ayuntamiento de Dénia daba luz verde a la aprobación del contrato de elaboración y redacción del Plan General de Dénia por un coste que rondaba los 860.000 euros.
Ahora, cuatro años y medio después y sin Plan General, el Ayuntamiento ha decidido rescindir el contrato con la empresa redactora al considerar que no se realizó el trabajo conforme marcaban las fases además de apelar a que ninguna de las cinco alternativas presentadas era válida desde el punto de vista urbanístico.
Así lo confirmó el concejal de hacienda, Vicente Chelet, tras ser preguntado por el Partido Socialista, Centre Unificat y Compromís durante el pleno ordinario del mes de diciembre. A este respecto, la oposición pidió en una moción que se fijara una reunión de trabajo de los portavoces de los grupos políticos con la empresa redactora para "conocer el estado de su trabajo y sus objetivos para adaptar el trabajo realizado a la nueva legislación de la Comunidad Valenciana".
El concejal de hacienda explicó que en estos momentos los técnicos de urbanismo del ayuntamiento de Dénia se encuentran realizando los estudios pertinentes para proceder a la rescisión del contrato, bien sea de mutuo acuerdo o de manera unilateral.
Según explicó Chelet, a la empresa se le realizó un primer pago antes de comenzar los trabajos, tal y como estipulaba el contrato, pero no se le volvió a realizar ninguno más. Eso sí, asegura que se les pagará lo que corresponda al trabajo realizado hasta el momento, que es la valoración ambiental.
Al menos esa es la intención del consistorio dianense, porque la empresa no parece dispuesta a aceptar esas condiciones. Al parecer en un primer momento de negociaciones la empresa se mostró dispuesta a aceptar lo planteado por el ayuntamiento, pero poco tiempo después mostró su rechazo mediante un escrito.
Es por ello que ahora se están llevando a cabo informes técnico jurídicos para llevar esa rescisión contractual abonándoles las cantidades por ese trabajo realizado. Según esos informes, se les adeuda mucho menos de lo que ellos exigen (más de 400.000 euros) ya que desde la empresa consideran que la versión preliminar ambiental del Plan General era una aprobación provisional, mientras que los técnicos no están de acuerdo, al igual que la Generalitat Valenciana que considera que se trataba únicamente de una valoración ambiental.
Chelet insistió en que desde su departamento pretenden defender los derechos de los ciudadanos y es por ello que el contrato se rescindirá, haya acuerdo con la empresa o no.
