El Ayuntamiento de Dénia a dado a conocer los puntos que se incluyen en el pacto antidesahucios que presentó el lunes a los portavoces de los partidos del consistorio para ayudar a los vecinos afectados por esta situación.
La primera medida que se incluye es la creación de un Plan Municipal de Vivienda Social con un registro de viviendas que aglutine las viviendas municipales, las que faciliten las entidades financieras mediante un convenio de colaboración y las de empresas o particulares que voluntariamente las pongan a disposición de la gestión municipal.
El pacto municipal antidesahucios incluye la creación de un registro de solicitantes de estas viviendas de alquiler social, coordinado con la Concejalía de Vivienda y la de Bienestar Social, y la constitución de una mesa mixta de vivienda social integrada por representantes de la Administración pública y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca STOP Desahucios. Este órgano tendrá capacidades de control seguimiento y propuesta legislativa en materia de vivienda mediante la realización de censos periódicos de viviendas vacías, el seguimiento de las políticas públicas y la elaboración de informes.
En otro de los puntos, el consistorio dianense se compromete a mediar ante las entidades bancarias y judiciales para evitar desahucios hasta que no exista una alternativa de vivienda digna acorde con los niveles de renta de cada caso y en la zona en la que los afectados tengan su núcleo familiar y social.
Asimismo, el pacto contempla una petición al magistrado juez decano de Dénia para que se acuerde en Junta de Magistrados comunicar de manera inmediata al ayuntamiento los procedimientos judiciales de ejecución hipotecaria que se incoen en los Juzgados de primera instancia de Dénia, siempre que estén relacionados con la vivienda habitual y ésta se ubique en el término municipal de Dénia.
Finalmente, el Ayuntamiento emitirá una declaración institucional que inste a la Generalitat y la Gobierno central a modificar la legislación en materia de vivienda y a penalizar, mediante la imposición de sanciones pecuniarias, la acumulación de viviendas vacías en manos de entidades financieras.
