Se había anunciado una noticia bomba durante el pleno ordinario del mes de noviembre en el Ayuntamiento de Dénia y así fue. En el turno de mociones de urgencia se puso sobre la mesa la aparición "en un cajón" de un fallo del TSJ fechado en diciembre de 2014 que obligaba al concejal tránsfuga que propició la moción de censura de 2008, el fallecido Juan Collado, al pago de 130.000 euros.
El alcalde, Vicent Grimalt, explicó que el TSJ condenaba al concejal tránsfuga al pago de sus ganancias durante el tiempo que ejerció de edil en el Ayuntamiento, con un sueldo bruto anual de 44.671,32 euros, mientras que el Ayuntamiento debía hacerse cargo de los costes del juicio.
Incomprensiblemente, el fallo no fue notificado a la corporación municipal en diciembre de 2014, según el alcalde porque alguien del equipo de gobierno de Ana Kringe ordenó que no saliera a la luz. Estas declaraciones aumentaron la tensión entre los dos partidos, ya que Kringe afirmó que desconocía dicha sentencia y que, a pesar de que no estaban de acuerdo con la urgencia de la moción, apoyarían la apertura de una comisión de investigación para esclarecer los hechos.
Cronología de los hechos
Grimalt relató los hechos cronológicamente desde que en septiembre de 2008, tres meses después de la moción de censura, la subdelegación del gobierno de Alicanre interpuso un recurso contencioso administrativo contra los acuerdos de nombramiento del concejal Collado como miembro de la junta de gobierno, concejal con delegación general y dedicación exclusiva.
Doa años más tarde, en febrero de 2010, el juzgado número 2 de Alicante plantea una cuestión de inconstitucionalización al Tribunal Constitucional porque considera que un concejal tránsfuga no puede beneficiarse de unas atribuciones que antes no tenía, y el Constitucional avala que no es inconstitucional.
En marzo de 2012 el juzgado de Alicante emite un fallo en el que estima el recurso interpuesto por la subdelegación de gobierno, y paralelamente el Ayuntamiento recurre el fallo de la audiencia del Tribunal Superior de Jsticia de la Comunitat Valenciana.
Finalmente, en diciembre de 2014 el TSJCV emitió una sentencia desestimando el recurso del Ayuntamiento, la sentencia que nunca fue notificada y sobre la que se abrirá una investigación.
Todos los grupos del Ayuntamiento apoyaron la puesta en marcha de una investigación sobre este tema para esclarecer las irregularidades sobre esta notificación y dictaminar las acciones a emprender ante esta sentencia que debía haber sido resulta el pasado mes de febrero.
